Contaminación minera afecta a Oruro desde hace siglos

La contaminación minera afecta al departamento de Oruro desde hace siglos, puesto que desde la fundación de la ciudad el 1ro de noviembre de 1606 poco se hizo para evitar este problema que ahora se conoce como pasivos ambientales, que debido al descuido ahora la nueva generación está padeciendo de este fenómeno provocado por las operaciones mineras.

Es de esta forma que desde los años 80 en Bolivia, recién se comienza a diseñar programas de mitigación de impactos ambientales, después de que por siglos las empresas mineras trabajaron descuidando la naturaleza y solo importándoles lo económico.

Bolivia, es reconocida por la larga tradición minera desde antes de la colonia, cuando los españoles descubrieron los minerales, y que hasta el presente constituye la columna vertebral de la economía nacional.

La minería por siglos fue el futuro del país y hasta ahora lo es, sin embargo, mientra va generando el flujo económico del país, también va contaminando mas el medio ambiente, mas que todo en zonas donde operan las empresas e ingenios mineros, Huanuni, Poopó, Antequera, Machacamarca y otros.

HISTORIA

Desde la fundación de la ciudad de Oruro en 1606, por Manuel de Castro y Padilla con el nombre de Villa de San Felipe de Austria, las operaciones mineras contaminan el medio ambiente.

Ya en la época republicana los tres poderosos Barones del estaño como son Patiño, Aramayo y Hochschild, explotan minas sin normas adecuadas para evitar la contaminación.

Posteriormente, con la revolución del 1952 durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, se nacionalizan las minas, nace la Corporación Minera de Bolvia (Comibol) que toma a su cargo la explotación minera dejando en los campamentos, los ahora llamados pasivos ambientales.

Mientras la minería estaba en su auge es que la contaminación ambiental iba aumentando con severidad y afectando a la salud de los habitantes de las comunidades, que en algunos casos, como a la fecha, no cuentan con las vertientes de agua porque las empresas mineras utilizan este líquido para sus operaciones.

A raíz de tal problema es que en los años 80 y 90, se inician las primeras investigaciones sobre los impactos ambientales causados por la minería. Estos trabajos que fueron iniciados por especialistas de la Universidad de Stirling, sobre la contaminación minera en el altiplano boliviano más propiamente en las cuencas del Lago Poopó, y en las zonas tropicales del Noreste del país las investigaciones sobre la explotación aurífera en las regiones de Araras, se iniciaron en 1991.

Estos estudios demuestran que durante la década de los 80, la temática ambiental sectorial no tuvo un desarrollo institucional consistente y planificado a la atención necesaria de la contaminación del medio ambiente.

Sin embargo, se debe destacar el rol de instituciones de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas como la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) que desde la década de los 90 van emergiendo como actores protagonistas de la gestión ambiental.

Por otra parte, en los años 80 también se diseñó el primer proyecto sobre minería y medio ambiente, cuando se promulgaron algunos reglamentos relativos al cuidado del medio ambiente en el sector minero.

Es así que en 1991 concluye la revisión del texto denominado El Medio Ambiente en la Legislación Boliviana de Henrich Eguivar, la cual tras su culminación no tuvo efecto concreto en la institucionalización de la gestión ambiental en el sector minero.

No existiendo estudios que documenten el efecto de la promulgación de estos instrumentos en la mejora ambiental sectorial parece que por la crisis política, económica y social en la cual estaba inmerso el país, la temática ambiental tenía escasa atención en la agenda política nacional. 

De esa forma es que años después se creó el Plan de Acción Ambiental de Bolivia (PAAB, 1993) que tiene el objetivo principal de iniciar en el país un proceso de planificación ambiental permanente concertado con los actores sociales que intervienen en tal problemática, la cual no dio ningún resultado.

Los responsables del proyecto también tenían que promover la investigación y debate en temas relacionados con el medio ambiente, en instituciones Técnico Científicas, organizaciones Sociales de Base y Sociedad Civil a nivel nacional y regional.

Los mismos que tenían que divulgar actividades y resultados del PAAB por medios de comunicación masivos y alternativos en el ámbito regional, nacional e internacional.

Otra de las propuestas en el año 1993 era iniciar las primeras investigaciones para conocer la situación ambiental de la actividad minera a partir de una iniciativa del ese entonces Secretaría Nacional del Medio Ambiente SENMA, en colaboración con el Ministerio de Minería y Metalurgia y empresas de otros países.

SENMA realiza una Evaluación Ambiental (EA) con un financiamiento del gobierno sueco y del Banco Mundial, durante este trabajo se tuvo amplia participación de organizaciones públicas y privadas vinculadas a la gestión ambiental y a la gestión minera. 

La EA, identificó que debido a que se encontraron varias comunidades afectadas por la contaminación, era necesario formular un Plan de Mitigación Ambiental, en las que se incluyeron la definición de una política general, para la mitigación en los sectores mineros e industrial.

De esta forma es que la EA presentó por primera vez en el país, un resumen de las tendencias ambientales, seguidas de la minería boliviana durante los años 80 y 90, que resumía la reducción y la capacidad de reducir, controlar los efluentes por la disposición de residuos.

Asimismo, la evaluación determinó que las operaciones mineras cerradas son quienes abandonaron el lugar sin ningún tipo de limpieza o recuperación de tierras, que terminan como drenajes ácidos y otros problemas.

Sin embargo estas minas que dejaron de trabajar son las que representan menor contaminaron al agua de mina y por las colas, pero pueden significar el cese de mantenimientos de los diques de cola, como se lo ha estado viendo hasta la fecha. 

Existen otras características mas sobre los pasivos ambientales que fueron descuidados de las empresas mineras que no se ocuparon en evitar estos fenómenos, y por eso es que hasta la fecha las conclusiones descritas anteriormente aún se siguen presentando en el departamento.

Debido a esas circunstancias y a las protestas sociales sobre el cuidado al medio que les rodea es que en 1994-1995, se promulga la Ley del Medio Ambiente 1333 promulgada el 27 de Abril de 1992, establece el inicio formal del proceso de regulación ambiental boliviana, estableciendo principios para la protección del medio ambiente en su conjunto.

Los reglamentos de Ley del Medio Ambiente lograron consolidar el marco del reglamento ambiental y definir pautas en la formulación de la reglamentación específica para el sector minero.

Tiempo después es que se origina el Programa de MEDMIN parte del análisis de la contaminación ambiental proveniente de la pequeña minería y la voluntad de mitigar sus efectos devastadores que actualmente van aumentando.

Es por eso que debido a las afecciones ambiéntales en las que viven las comunidades afectada por la contaminación, es que la lucha por tener un ambiente sano, continua, porque nadie quiere vivir en precarias condiciones y hasta insuficientes servicios básicos.

Debido a esas problemáticas los comunarios, en vista de que las empresas mineras durante siglos no llegaron a ninguna solución para mitigar los impactos ambientales, tuvieron que realizar una serie de protestas como bloqueos, marchas, huelgas de hambre y otras medidas de presión con el objetivo de que el gobierno de una solución a sus demandas.

Sin embargo, se debe reconocer que las autoridades nacionales en la actualidad están diseñando proyectos de mitigación ambiental, los cuales hasta el momento no dieron resultados pero continúan. Por otra parte las instituciones como Cepa y Lidema, y otras también trabajan para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en zonas contaminadas.

En Oruro inician campaña contra contaminación minera

Las autoridades nacionales y departamentales decidieron asumir con seriedad los casos de contaminación ambiental, como consecuencia de la explotación de recursos mineros en el departamento de Oruro, para evitar mayores desastres en el futuro inmediato.

El responsable de la Unidad de Justicia Socio Ambiental del Centro de Educación de Pueblos Andinos (CEPA), Jaime Caichoca, dijo que parece que, desde la designación de Jaime Gutiérrez, como coordinador de prevención y control ambiental del Viceministerio de Medio Ambiente, se mostró predisposición para “controlar mejor a las operaciones mineras, a fin de evitar la contaminación del medioambiente”.

Desde agosto pasado, “las inspecciones son participativas”, con la presencia de los comunarios que se sienten afectados con la explotación minera, tal como ocurrió con proyectos mineros.

“De aquí en adelante, hacemos votos porque los técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación de Oruro asuman sus funciones de control a las operadoras mineras, con la responsabilidad que exige la norma ambiental vigente en el país”, afirmó Jaime Caichoca.

Explicó que anteriormente, “se llevaron a cabo otras inspecciones, donde hubo falta de experiencia y desconocimiento de la normativa ambiental, tampoco había principio de autoridad y, por eso, las inspecciones acababan en estériles peleas entre técnicos de la Gobernación de Oruro o representantes de las empresas mineras”.

Al final, dijo, los únicos que quedaban mal parados “eran los técnicos de la Autoridad Ambiental Competente de la Gobernación de Oruro”.

Durante las mesas de trabajo y evaluación del Decreto Supremo 0335, realizadas en Oruro, el 28, 29 y 30 de julio pasado, los representantes de las comunidades afectadas por la contaminación minera plantearon la realización de “inspecciones participativas” a las operaciones mineras en el departamento de Oruro, para verificar si efectivamente cumplen con las normas para cuidar el medioambiente.

Los resultados obtenidos en la inspección participativa del 2 de septiembre en la mina de Kori Chaca, fueron más concretos y objetivos. Se efectuó una mejor coordinación con las comunidades afectadas por la actividad minera y los técnicos de la Gobernación de Oruro, con la misión de “controlar la problemática ambiental en el departamento”.

Se advirtió que una empresa “no cuenta con la identificación de impactos de limpieza del canal Comibol y aquellos impactos que pueda causar a los humedales de Iroco y el llenado del tajo de Vincuntaya”.

Se verificó el almacén de sustancias peligrosas, con la existencia de hipoclorito de sodio y agua acidulada, cuyo nivel de impacto están en las hojas de seguridad MDSD, pero dichos compuestos no se encuentran registrados en su documento LASP (Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas).

De la misma forma, la comunidad de Sora Chico interviene en el monitoreo participativo de las aguas superficiales, pozos y suelos.

Se verificó que los informes de laboratorio “no cuentan con la comparación de resultados, respecto a la normativa ambiental vigente”. También existen otras observaciones que deben ser contrastadas con informes de los técnicos y los comunarios.